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José Ulises Bernabé García y su papel en el caso Ayotzinapa

El juez de barandilla José Ulises Bernabé García es señalado por autoridades federales debido a su presunta participación en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.

Redacción The Mexican Journal
Foto: sdpnoticias.com

José Ulises Bernabé García, quien se desempeñaba como juez de barandilla en el municipio de Iguala, Guerrero, durante los hechos ocurridos en septiembre de 2014, ha sido identificado por la Fiscalía General de la República (FGR) como una pieza fundamental en la investigación del caso Ayotzinapa. Según las indagatorias vigentes, el funcionario habría facilitado la entrega de los estudiantes normalistas a grupos de la delincuencia organizada que operaban en la región en aquel momento.

La relevancia de su figura radica en el control que ejercía sobre las detenciones y traslados dentro de las instalaciones municipales en la noche de los ataques. Documentos integrados en la carpeta de investigación sugieren que Bernabé García habría omitido protocolos de registro y resguardo, permitiendo que los jóvenes fueran sustraídos bajo custodia oficial sin dejar constancia legal de su ingreso o destino, una acción que las autoridades consideran un eslabón crítico en la cadena de desaparición forzada.

Tras la reapertura de las investigaciones y los señalamientos de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, la situación jurídica de Bernabé García se complicó, derivando en órdenes de aprehensión por su probable responsabilidad en delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada. El exfuncionario ha enfrentado diversos procesos legales para evadir la acción de la justicia, argumentando irregularidades en las acusaciones presentadas por el Ministerio Público Federal.

El caso contra el exjuez de barandilla ejemplifica la presunta colusión entre autoridades municipales y grupos delictivos que facilitaron los hechos en Iguala. Actualmente, la FGR continúa las gestiones legales necesarias para asegurar que los implicados en la cadena de mando local rindan cuentas ante los tribunales federales, en un esfuerzo por esclarecer el paradero de los estudiantes y desarticular la red de complicidades que permitió la tragedia hace más de una década.

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