Extorsión afecta hasta el cinco por ciento del valor del aguacate

La cadena de valor del aguacate en México enfrenta una crisis de costos derivada de la extorsión, afectando hasta el cinco por ciento de su valor total en el mercado. Representantes del pequeño comercio han señalado que las prácticas delictivas en las zonas de cultivo y distribución impactan directamente el precio final que pagan los consumidores, afectando la estabilidad económica de los productores locales.

Ante este panorama, diversos sectores comerciales han propuesto que la exportación de este fruto sea integrada de manera prioritaria en la estrategia de seguridad pública que coordina la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El objetivo es blindar las rutas logísticas y los centros de acopio ante la temporada alta, especialmente de cara a la demanda que representa el Super Bowl, evento que históricamente eleva los niveles de exportación hacia Estados Unidos.

La propuesta busca fortalecer la presencia de la Guardia Nacional en las regiones productoras de Michoacán y Jalisco para inhibir el cobro de piso a transportistas y empacadoras. Los comerciantes argumentan que, sin una intervención focalizada que garantice la trazabilidad y la seguridad en el traslado, los costos operativos seguirán trasladándose al comprador final, erosionando la competitividad del producto mexicano en el extranjero.

Aunque las autoridades han mantenido operativos de vigilancia en carreteras federales, los gremios insisten en la necesidad de una mesa de diálogo permanente entre la Secretaría de Economía y los productores. Se plantea que el esquema de seguridad no solo se limite al patrullaje, sino que incluya protocolos de coordinación interinstitucional para evitar que el crimen organizado controle eslabones críticos de la cadena de suministro.

La preocupación del sector minorista radica en que la inseguridad no solo afecta la rentabilidad del sector agrícola, sino que desincentiva la inversión en zonas rurales. Por ello, instan al Congreso de la Unión a revisar los mecanismos de apoyo para que los pequeños productores cuenten con herramientas de seguridad que permitan un comercio justo y libre de presiones externas.