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Economía

Nike enfrenta investigación por presunta discriminación contra personas blancas en Estados Unidos

La administración del presidente Donald Trump inició una investigación contra Nike por sus políticas de diversidad, marcando un cambio en la normativa corporativa.

Redacción The Mexican Journal
Foto: forbes.com.mx

La administración del presidente Donald Trump ha iniciado una investigación formal contra la empresa Nike, bajo acusaciones de presunta discriminación hacia personas blancas en sus procesos de contratación y promoción interna. Este procedimiento surge como parte de un esfuerzo más amplio del gobierno federal para desmantelar las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) que han sido implementadas tanto en el sector público como en diversas corporaciones privadas durante los últimos años.

El equipo de trabajo asignado por la Casa Blanca sostiene que los programas de diversidad actuales podrían estar contraviniendo normativas de igualdad de oportunidades. Según fuentes cercanas al proceso, la investigación busca determinar si las métricas de representación utilizadas por la firma deportiva han derivado en prácticas de exclusión deliberada, un argumento que ha sido central en la retórica de la actual administración para revisar los modelos de gestión de capital humano en grandes empresas estadounidenses.

Por su parte, representantes de la compañía han señalado que colaborarán con las autoridades competentes para esclarecer sus procedimientos internos. La empresa sostiene que su objetivo ha sido fomentar un entorno laboral representativo, aunque el escrutinio gubernamental refleja una tendencia creciente hacia la fiscalización de los programas de equidad en el ámbito corporativo, los cuales han comenzado a ser cuestionados judicial y administrativamente en meses recientes.

Este caso no es un hecho aislado, sino que se alinea con una serie de acciones impulsadas desde el Poder Ejecutivo para revertir políticas implementadas por administraciones previas. Mientras la investigación avanza, el sector privado observa con atención, anticipando posibles cambios regulatorios que obliguen a las empresas a modificar sus estructuras de contratación y sus manuales de ética corporativa a nivel nacional.

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